La violencia sí tiene género

El inicio de la desescalada tras cerca de cien días de confinamiento nos mostró un fenómeno para muchos desconocido; el denominado “Síndrome de la Cabaña”. Según los expertos, esta secuela psicológica la experimentan personas que mantienen la percepción de que su casa es el lugar más seguro en el que pueden permanecer y desarrollan pensamientos catastrofistas vinculados a lo que se encuentra más allá de los límites del hogar. Más allá de este síndrome, lo cierto es que durante esas complicadas semanas en las que permanecimos aislados para doblegar la curva del virus, nuestras casas fueron nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Ese entorno confortable en el que fuimos espectadores a través de los medios del trabajo incesante de miles de profesionales para ganar la batalla sanitaria. 

Sin embargo, lo que para la mayoría de la población representa un entorno en el que mantenerse a salvo y protegido, ha supuesto un auténtico calvario para miles de mujeres que se han visto obligadas a convivir con sus “verdugos”. Resulta paradójico que los hogares que han servido para proteger a las personas del COVID-19 hayan supuesto un espacio de vulnerabilidad y violencia para algunos menores y mujeres.  El estado de alarma ha encerrado a las víctimas con sus maltratadores. 

España registró la muerte número 1.000 el 20 de abril, en pleno estado de alarma.  La víctima era Irene, de Olot (Gerona);  una madre de 44 años que coincidía con el “perfil tipo” de mujer asesinada a manos de un hombre desde que estos crímenes comenzaron a contabilizarse.

Según el último estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género,  entre enero de 2003 y abril de 2019 hubo un asesinato machista cada semana,  es decir, más de 60 al año. El perfil de las víctimas era, en su mayoría, de mujeres jóvenes, de nacionalidad española y con hijos que convivían con el agresor. Además, otro denominador común entre ellas es que gran parte de ellas -tres de cada cuatro-eran madres y casi la mitad tenían hijos menores de edad. Este drama ha supuesto dejar huérfanos a 765 menores, de los cuales 499 eran hijos del agresor y 266 fruto de relaciones anteriores o posteriores. En la Comunitat Valenciana, desde 2003, en el que comenzaron a contabilizarse los asesinatos machistas, ya son 134 las mujeres y seis los menores de edad los que han perdido la vida en manos de sus parejas o exparejas, dejando a 41 menores huérfanos.

Los datos registrados también revelan que durante la pandemia las llamadas al 016 para el asesoramiento en esta materia aumentaron un 47% y las consultas online un 650%, si comparamos el periodo del 1 al 15 de abril de 2019 con el del presente ejercicio.  Hablar de estas cifras resulta cada vez más desgarrador y alarmante, especialmente en un momento en el que los agresores han percibido mayor impunidad para acometer sus objetivos. 

El estado de alarma y el aislamiento que ha traído aparejado ha entrañado una mayor dificultad a los poderes públicos y para las fuerzas de seguridad para actuar ante el primer indicio de violencia, un periodo en el que se ha evidenciado la creciente necesidad de atención a las víctimas. Esta experiencia nos muestra la necesidad de seguir implementando medidas de prevención, sensibilización e intervención para erradicar la violencia machista y reforzar el trabajo conjunto de las instituciones en nuestra provincia, a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género impulsada por la Diputación de València. También resulta crucial mantener las vías de diálogo e interlocución con el Estado para extirpar de nuestra sociedad esta lacra que se ha llevado por delante a demasiadas víctimas. 

Precisamente este desfavorable contexto llevó al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a presentar una Proposición no de Ley para reforzar el apoyo a las víctimas de la Violencia de Género ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y otra iniciativa para la atención de los menores frente a la violencia en situaciones de confinamiento. 

Tras la declaración del estado de alarma, también el Gobierno puso en marcha un plan de contingencia contra la violencia machista, medidas estratégicas encaminadas a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas derivadas del confinamiento. Para implementar jurídicamente este plan se aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, y en una segunda fase, adoptó una serie de medidas dirigidas a las víctimas de trata y explotación sexual. 

Es cierto que hemos avanzado para combatirla y aumentar la protección de las víctimas. La Orden de Protección (LO 27/2203 de 31 de julio), la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma de más de una decena de leyes o la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 son claras muestras de ello. También la plataforma  VioGén, un protocolo de seguimiento integral a las víctimas de violencia de género, o la campaña ‘Mascarilla 19’ en las farmacias, para ayudar a las mujeres que sufren violencia machista han sido herramientas que, sin embargo, son insuficientes para frenar las terribles estadísticas.

Creo sinceramente que en esta cuestión nunca podremos ser conformistas. Las víctimas de violencia deben saber que estamos cerca de ellas para apoyarlas y acompañarlas. Como sociedad debemos asumir que la violencia de género es una violación de los derechos humanos. No podemos consentir que el hogar sea un lugar peligroso para nadie. 

En un momento en el que hay partidos en las instituciones que niegan la propia existencia de la violencia de género, debemos multiplicar nuestros esfuerzos para seguir impulsando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y concienciar al conjunto de la sociedad de que existe una violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo.  La violencia sí tiene género.

Como mujer, como socialista y como feminista creo que no puede haber más cobarde expresión de la desigualdad que la violencia contra la mujer. Mientras la violencia de género exista en nuestro país no podremos detenernos. Seguiremos luchando para vivir en una sociedad justa e igualitaria.

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