El Plan contra la desinformación del Gobierno busca salvar un periodismo herido de muerte

Hace apenas una semana los partidos de derecha y extrema derecha, sus altavoces mediáticos, opinadores varios e incluso algún medio de comunicación de los definidos serios vocearon encolerizados por “el ataque a los derechos y libertades del gobierno indigno de Pedro Sánchez”. El BOE recogía la orden ministerial que regula el procedimiento de actuación contra la desinformación.

La teoría (y la práctica política) está llena de episodios de manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero a qué gobiernos interesa la fórmula magistralmente puesta en práctica por Goobbels en la Alemania nazi y reproducida por Franco en España a través de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Fermin Yzurdiga, Dionisio Ridruejo, Manuel Fraga Iribarne o Pío Cabanillas Gallas.

Está claro que no a gobiernos democráticos.

El estado de shock en el que vivimos en los primeros momentos de la pandemia del Covid19 provocó una necesidad inusual de información. Pero de información veraz. Las administraciones y los cuerpos de seguridad mantuvieron un frente abierto contra las “fakes news”, instando a la población a que utilizara únicamente fuentes oficiales para informarse. Aún así el continuo goteo de información disponible en la era de las redes sociales y la mensajería instantánea superó ampliamente nuestra capacidad para procesarla. Y bueno algunos medios de comunicación al uso tampoco perdieron la oportunidad de afianzar amores y odios entre propios y extraños.

¿Qué ha hecho el Gobierno para frenar esta manipulación de la ciudadanía? actualizar el  procedimiento desarrollado en 2019 para cumplir el mandato del Plan de Acción contra la desinformación aprobado por la Unión Europea en 2018. Más simple imposible.

 Y volvieron estos días a los “no-debates” términos como censura y permítanme que me detenga en él. Claro que alrededor de esta apasionante profesión que es el periodismo sobrevuela la censura, pero no procede de un estamento oficial, ni es articulada y desarrollada por una orden ministerial. Los medios de comunicación no son los periodistas; los periodistas hacen los medios de comunicación, pero los grandes grupos empresariales utilizan sus empresas para canalizar la información que les interesa en cada momento. Y qué pueden hacer ellos y ellas. Bien poco. El romanticismo de la objetividad choca contra los intereses de la supervivencia en un mundo en el que cada día más compañer@s aumentan la lista del paro.

La verdad es que la reacción contra el Gobierno que más me ha sorprendido ha sido la del “sector”. Los consejos del audiovisual existentes entre sus funciones tienen la de “velar por el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz” – Consejo del Audiovisual de Catalunya-; el valenciano -CAV- en su artículo 4  sobre fines y principios de actuación dice literalmente que debe “velar por el pluralismo político, la neutralidad y la honestidad informativa”; es más, hace apenas unos días el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa, firmó con el Defensor del Pueblo Andaluz, “un protocolo general de colaboración en el ámbito de los medios audiovisuales para impulsar actuaciones conjuntas de protección de los ciudadanos, con especial atención a los menores, ante la desinformación y propagación de noticias falsas, (…)” (sic).

La orden ministerial no pretende modificar o vetar el contenido de los medios de comunicación, busca salvar el periodismo. Ante la avalancha de mentiras y medias verdades hasta twitter ha aplicado mecanismos para que leamos los contenidos antes de difundir lo que publica. Si una foto descontextualizada, sin fuente oficial, sin referencia más allá de “me la envió un amigo que es de confianza” puede convertirse en noticia aunque sea falsa, el periodismo estará muerto.

El escenario no tiene porqué ser tremendista. El gobierno apela a la connivencia y el trabajo conjunto para eliminar la mentira. Hoy estamos hablando de que “los nitratos del agua embotellada por la empresa X superan los niveles permitidos por Sanidad” y mañana la seguridad de todos y todas puede ponerse en peligro por actuaciones deliberadas con los bulos informativos.

Hagámoslo entre todos. Mantengamos vivo el periodismo, a los periodistas, intentemos que las empresas levanten vetos, que la ciudadanía pueda acceder a toda la información veraz,… y dejemos que el Gobierno cumpla con su responsabilidad que es la de protegernos a todos y todas de quienes buscan la manipulación de la ciudadanía para conseguir sus objetivos individuales y sí, acabar con los derechos y libertades que la democracia ampara.

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